Resumen

El objetivo de este artículo es introducir al lector el carácter de poder político de la justicia y del proceso penal. En primer lugar, la justicia es poder político en cuanto así fue previsto constitucionalmente: ya que es una rama independiente del poder público, la cual tiene como tarea el control de constitucionalidad de los actos administrativos y legislativos, el juzgamiento de los delitos cometidos por los funcionarios del Estado, y la protección de los derechos fundamentales por medio de la tutela. Dicho poder político está sometido a los principios que rigen la función pública, cuyo límite es el ejercicio del poder racional, objetivo y libre de toda arbitrariedad. Con el poder político se busca, por lo tanto, garantizar la existencia de un Estado Social de Derecho. En la segunda parte del artículo se analiza el proceso penal como poder político, en cuanto el poder del Estado frente al individuo y su libertad, la cual sólo puede ser garantizada a partir del deslindamiento del poder de juzgar de los poderes legislativo y ejecutivo. Partiendo de estos supuesto realiza un análisis de la reforma al proceso penal, en la que se introduce el proceso acusatorio e inquisitivo.