Resumen

Tras la aprobación en 1998 del estatuto por medio del cual se crea la Corte Penal Internacional, las reflexiones en torno al tema se han multiplicado. En este artículo, se plantea una discusión en torno a las implicaciones que tiene para el ordenamiento jurídico colombiano el conjunto de normas aprobadas en el estatuto, particularmente desde la perspectiva de los derechos constitucionales desarrollados por los códigos penales a nivel interno. Asimismo, se analiza el alcance del estatuto a la luz de las políticas de la administración de justicia y derechos humanos del gobierno nacional. En la primera parte del artículo se analiza el principio de complementariedad y la jurisdicción de la Corte; en la segunda, se estudian los principios del debido proceso, plasmados en la tercera parte del instrumento. Por último, en la tercera sección, se exploran las posibles decisiones que el Estado colombiano puede adoptar frente a la CPI y sus eventuales efectos.