Resumen

Durante los últimos veinte años el estado Chino ha encaminado grandes recursos y esfuerzos políticos para modernizar su ordenamiento jurídico. Una de las reformas emprendidas ha sido aquella promulgada mediante la Ley de Litigio Administrativo (LLA) que comenzó a implementarse en 1990. Esta ley ofrece a los ciudadanos y a las personas jurídicas en China la posibilidad de demandar a las agencias estatales y funcionarios públicos que incurren en faltas, irregularidades y abusos del poder. En la primera sección de este artículo se analizan las disposiciones principales de la LLA; en la segunda sección se evalúa su implementación con la información nacional disponible entre el periodo de 1987 hasta 1996; y en la tercera sección se examinan 236 casos que fueron llevados a las cortes en China en los primeros años de la década del noventa. En estas tres secciones el artículo busca responder varias preguntas empíricas y teóricas importantes. Entre estas, si existen patrones comunes en las demandas presentadas y qué nos revelan esos patrones sobre los límites políticos e institucionales del ordenamiento jurídico chino. ¿Cuáles grupos han sido los principales beneficiarios de la LLA? ¿Qué tipo de abusos administrativos son los que comúnmente provocan las demandas bajo la LLA? ¿Qué dicen los resultados sobre la implementación de la LLA en cuanto a la consolidación de esta nueva institución? ¿De qué manera las innovaciones institucionales de la era Deng Xiaoping han rearticulado las relaciones Estado-Sociedad?