Nota Editorial

Voces de las Víctimas: identidad, participación y resarcimiento de las víctimas del conflicto armado en Colombia

Edición especial

Este número de la Revista de Derecho Público reúne una serie de artículos que se ocupan de analizar los retos, avances y dificultades del diseño e implementación del proceso de justicia transicional en Colombia. En especial, hace énfasis en las relaciones entre la justicia transicional y el principio de enfoque diferencial. Lo impulsa un interés en el funcionamiento de las instituciones que se ocupan de la puesta en marcha de la Ley 1448 de 2011 y de los decretos legislativos que la complementan. Los distintos textos coinciden en cuestionar la manera en que el arreglo jurídico e institucional dedicado a la ayuda, atención, rehabilitación y reparación de las víctimas del conflicto armado encarna los dilemas que surgen de escuchar a las víctimas, en particular los dilemas que se refieren a su identidad, participación efectiva y la materialización de diversas formas de resarcir el daño causado.

El número se publica en un momento en que hay una conciencia creciente en el país que el protagonismo de las víctimas es una de las principales transformaciones de los procesos contemporáneos de transición de la guerra a la paz. Asumir de manera fuerte los reclamos de las víctimas se ha convertido en un elemento esencial para afrontar las violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos en sociedades en conflicto. Este protagonismo no solo tiene efectos en su reconocimiento simbólico y su presencia en los procesos judiciales y políticos. También tiene efectos sobre la viabilidad de las instituciones creadas por los procesos transicionales, lo cual supone un quiebre a propuestas anteriores de finalizar el conflicto a través de amnistías, indultos o armisticios.

Un proceso de transición que se toma en serio a las víctimas supone entonces, en primer lugar, que la verdad es indispensable para la reconciliación y que la construcción de memoria sobre las atrocidades cometidas en el pasado, sus causas y responsables, es ineludible. En segundo lugar, que el reclamo de justicia se vincula con la adopción de medidas que hagan efectiva la responsabilidad de los perpetradores. El perdón total ya no es una opción viable. Por último, supone que la transición se presenta como una oportunidad para lograr la paz a través de la reparación de las víctimas por los daños sufridos. El retorno de las víctimas a la situación anterior al daño y la transformación de las condiciones vinculadas con la afectación, son los principales objetivos de una política de reparación integral.

Tomarse en serio a las víctimas exige fijar la mirada en las distintas formas de afectación. La importancia de la adopción de un enfoque diferencial para la reparación supone entonces un reconocimiento de sus particularidades; supone, igualmente, asumir el impacto real del conflicto sobre poblaciones específicas y, en este sentido, insistir en que la identidad se relaciona con una vulnerabilidad especial frente a los rigores de la confrontación armada. Este número pone especial atención en la vulnerabilidad estructurada en torno a las categorías identitarias, lo que la Corte Constitucional ha desarrollado como "el enfoque diferencial", enfoque que se refleja en la Ley 1448 y la normatividad complementaria. Al hacerlo, también abre el debate sobre la despolitización de otras identidades subalternas, como campesinos y trabajadores, a través del énfasis en el enfoque diferencial.

La revista está dividida en tres secciones. En una primera parte, se enfrenta el tema de la identidad, con el artículo de Ariza y el de Quintero y Vargas que problematizan la identidad, en este caso la identidad indígena, como fundamento del reclamo, y de esa forma problematizan el enfoque diferencial que le da forma a la ley y su implementación. En una segunda parte, sobre participación, los artículos de Lemaitre, Antonio, Brillman y Berrío examinan las instituciones de la participación de las víctimas, tanto las que se han utilizado para consultar y socializar los decretos-ley y el decreto reglamentario de la ley (Lemaitre, Antonio, Brillman) como el diseño de las mesas de participación (Berrío).

La tercera parte de este número, y la más extensa, hace énfasis en debates sobre el resarcimiento. Con ello nos referimos a las diferentes instituciones diseñadas para poner en práctica las aspiraciones de la justicia transicional a la verdad-justicia-reparación y no repetición. Empieza con dos problemas prácticos de la no-repetición que son la protección no tradicional de víctimas indígenas (Rubiano), y la organización comunitaria de mujeres víctimas y sus riesgos de seguridad (López). Sigue con dos propuestas innovadoras: primero, agilizar la entrega de tierras al comprenderla como protección de derechos fundamentales y apelar a la jurisdicción constitucional para hacerlo (Ramírez) y segundo, comprender la conservación de lenguas como central para la reparación a los pueblos indígenas (Todd). A continuación se presentan tres análisis de las dimensiones de justicia del resarcimiento materializado en diferentes procesos: primero, en la inclusión de la experiencia de las mujeres en los informes de la Comisión de Memoria Histórica (Grau) y de la población LGBTI en todo el proceso (Albarracín y Rincón); segundo, en la problemática formación de la memoria colectiva a través de los procesos judiciales que involucran a los paramilitares con la Ley de Justicia y Paz (Benavides); y tercero, en la posibilidad de una eventual competencia de la Corte Penal Internacional (Sandoval). El número cierra con un análisis de Peña sobre el costo de las reparaciones y su llamado a la repetición de los costos asumidos por el Estado en los victimarios identificados.

Si bien el número no pretende hacer un análisis exhaustivo de los temas, sí presenta una importante variedad de enfoques y problemáticas que llaman a un mayor debate sobre las formas de la justicia transicional en Colombia. Falta mucho por discutir: por ejemplo, a pesar de la convocatoria amplia, no recibimos artículos sobre niñas y niños, ni personas en situación de discapacidad, ambos grupos priorizados por el enfoque diferencial y que incluyen temas tan relevantes para el caso colombiano como el reclutamiento forzado de menores de edad y la rehabilitación de sobrevivientes de minas y eventos terroristas. Y sin duda faltan aún muchos más debates sobre los costos y las ganancias de la justicia transicional, y las instituciones adecuadas para materializarla, y en especial sobre la mejor forma de incluir las voces de las víctimas en un proceso exitoso que nos lleve de la guerra a la paz.

Libardo Ariza y Julieta Lemaitre

Editores invitados