Nota Editorial
Escrito por Manuel José Cepeda Espinosa
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Del sueño de la modernización polÃtica a la pesadilla de la plutocracia elevado costo de las campañas electorales se ha convertido en una pesadilla para las democracias. Antes, hace tan sólo un par de décadas, no era asÃ. Por el contrario, el dulce sueño de la modernización de la polÃtica estaba lleno de imágenes de propaganda televisada, de escenarios espectáculo, de lo último en mercadeo y relaciones públicas. El sueño se tornó en pesadilla cuando el dinero se convirtió, prácticamente, en el elemento decisivo de las contiendas electorales. Una expresión norteamericana resume bien, porqué sucedió asÃ: "Money is speecn'. El dinero es discurso público porque compra acceso del candidato a los medios masivos de comunicación y porque permite que el mensaje del candidato llegue, personalmente o por los medios, a los electores. De ahà la necesidad de organizar una campaña paralela a la electoral: una campaña para conseguir dinero. De ahà también el interés de capitales privados en suplir esa necesidad con la expectativa de que la gratitud del candidato le abra las puertas que, a su turno, requieren para desarrollar con éxito sus actividades priva- das. En cada quid pro quo se puede estar negociando el mandato popular y el programa público del candidato. En esa negociación, el único perdedor es la democracia. Y cuando ese capital privado proviene de actividades ilÃcitas, como el narcotráfico, entonces de la corrupción de la democracia, que puede ser producida por cada quid pro quo, pasamos a una amenaza mucho mayor: el peligro de que se derrumbe todo el sistema polÃtico ante la tenaza de las prebendas monetarias y el chantaje criminal. Pero regular la financiación de la polÃtica también es indispensable por una razón adicional a la de la preservación de la integridad, real y aparente, de la democracia: la defensa de la igualdad polÃtica. En efecto, un candidato bien financiado tiene una ventaja frente al candidato que no tiene fondos suficientes. A tal punto que los jueces constitucionales han intervenido para tratar de equilibrar la contienda. En Alemania, por ejemplo en uno de los primeros fallos de la Corte Constitucional, se declaró contrario a la Constitución que las contribuciones a las campañas electorales generen beneficios
tributarios para el donante, porque esto favorecÃa a los partidos y candidatos más cercanos al sector de los negocios, en desmedro de aquellos más allegados al sector de los trabajadores. En Estados Unidos, la posición de la Corte Suprema ha sido la contraria. En el famoso caso Buckley versus. Valeo, la Corte sostuvo que el legislador no podÃa intervenir en el mercado de la polÃtica para promover la igualdad. Por eso declaró inconstitucional que se estableciera un lÃmite máximo, un tope, a los gastos en que podrÃa incurrir un candidato. Asimiló apoyo económico a apoyo polÃtico y equiparó la capacidad de gastar con la capacidad de comunicar. Este enfoque, sin duda muy criticable, ha sobrevivido durante más tiempo que el otro gran hito en el desarrollo constitucional norteamericano, cuando la Corte Suprema le dijo no a la intervención estatal para equilibrar el juego y proteger al débil. En ese entonces, en los años del New Real de Roosvelt, la intervención era en el mercado económico, no en el de la polÃtica. No es extraño que del otro lado del océano PacÃfico, parodiando la bella frase de Lincoln en su discurso de Gettisburg, se acuse a la democracia de Occidente de estar derivando hacia una democracia de los ricos, por los ricos y para los ricos. Aunque el tono de la acusación es exageradamente populista, muestra con elocuencia que, de no controlarse el secuestro de la polÃtica por el dinero, será muy difÃcil recuperar ese principio cardinal del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que es la igualdad polÃti- ca. Ese principio no puede reposar exclusivamente en que cada ciudadano tenga un voto porque la influencia del que invierte en la polÃtica no es igual a la de la mujer que cumple sagradamente su compromiso cÃvico de votar. Además de la brecha social, debemos trabajar para cerrar la brecha en las posibilidades de acceder al poder polÃtico. A este problema crucial de la democracia ha sido dedicado el presente número de la revista. Cada sección se ocupa en el tema para complementar el cuerpo principal de la revista. El énfasis recae sobre el análisis del problema y la identificación de respuestas, con la certeza de que ningún paÃs ha encontrado una solución que logre conciliar los valores e intereses en juego.
Sin embargo, parece que Colombia ha llegado al peor de los mundos: financiación privada limitada, con la corrupción, las desigualdades y la erosión de legitimidad que ello implica, acompañada de financiamiento público posterior para los candidatos mediante el sistema de reposición de gastos, con la percepción de derroche y negligencia en la aplicación de controles que ello genera. Sin duda, la falta de desarrollo de la Constitución ha contribuido a esta paradoja y la precariedad del debate entorno a las alternativas de solución también nos mantienen en esta situación. Por eso le hemos dedicado estas páginas.