Nota Editorial

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Refiriéndose a una de las recientes decisiones de la Corte Constitucional en relación con el sistema de financiación de vivienda, el magistrado José Gregorio Hernández señalaba que "La Corte hizo un estudio de tipo jurídico, no económico.

En los aspectos puramente económicos se tomaron los conceptos de varios economistas. La Corte analizó estos conceptos técnicos desde el punto de vista constitucional -que es su función-, no desde le punto de vista de las consecuencias".

Por su parte, sin embargo, en la Revista Semana se indicaba que "La mayor preocupación que arroja el fallo de la Corte es la de que se está forzando a la brava al Banco de la República a montar, vía jurisprudencia/, un crédito de vivienda subsidiado sin que se haya determinado quién lo va a financiar".
Y llegaron a escucharse voces aún más críticas, como la del reconocido economista Gabriel Rosas quien para ese entonces señalaba que "Elproblema radica en que la Corte se ha convertido en un colegislador. Esta intromisión no sólo resulta indebida sino fatal para el país".

Debates como el que muestran los apartes transcritos -que ha venido a enfrentar no sólo a economistas con abogados, sino, entre sí, a representantes de las distintas corrientes del pensamiento tanto económico como jurídico-, lo único que indican con claridad es que estamos frente a una discusión que está tocando raíces muy profundas en nuestra sociedad.

Más allá de las razones que están detrás de las fuertes disputas que se vienen presentando acerca de situaciones tales como la necesidad de hacer realidad los derechos de las personas, la independencia entre las razones jurídicas y de conveniencia dentro de un análisis de constitucionalidad, las consecuencias económicas de los fallos de la Corte o la legitimidad del activismo judicial, resulta indispensable escudriñar por qué decisiones en materia económica han venido a generar mayores inquietudes inclusive los polémicas planteamientos en relación con el consumo de drogas ilícitas, con el aborto o con los derechos patrimoniales entre parejas homosexuales.

Es por eso que hemos querido dedicar el presente número de la Revista de Derecho Público al tema Justicia Constitucional y Política Económica. Hemos recogido entonces los principales escritos de quienes participaron en el foro sobre Derecho Constitucional y Economía que realizó la Universidad de los Andes el pasado mes de marzo, junto con un reciente trabajo de Carlos Amaya, los cuales, fundamentalmente a partir del estudio de casos, ofrecen un análisis bastante amplio y detallado acerca del tema en cuestión.

Adicionalmente, en este número se incluyen comentarios sobre dos hechos de gran trascendencia en el campo del derecho público en la actualidad: uno, la posibilidad de impulsar la incorporación del Estatuto de la Corte Penal Internacional al ordenamiento jurídico colombiano por la vía de una reforma constitucional, situación que, independientemente de los resultados que finalmente genere, merece especial atención para los estudiosos de temas constitucionales, penales e internacionales; y otro la definición de unas nuevas líneas jurisprudenciales por parte de nuestro Consejo de Estado en relación con la naturaleza y el alcance de las facultades excepcionales que tienen las entidades estatales dentro de sus contratos, tema de todos los días para funcionarios, contratistas y aseguradores.

Se incluye, finalmente, una breve referencia al Foro sobre el Referendo que la Revista y la Fundación Konrad-Adenauer realizaron en el mes de septiembre, con la participación del entonces Ministro del Interior, Humberto de la Calle, del senador liberal oficialista José Renán Trujillo y del también entonces Jefe del Movimiento Cambio Radical, Rafael Pardo, principales actores de la discusión política que, sobre dicha materia, se daba en ese momento.

Sea esta la oportunidad para expresarle a Manuel José Cepeda, en nombre del Consejo Editorial y de la Decanatura de la Facultad, unos agradecimientos muy sinceros por el rigor y la dedicación con la que dirigió la Revista durante los tres últimos años, que permitieron consolidarla como un espacio de reflexión de altísimo nivel en el campo del derecho público.

Felipe Piquero Villegas